Tasas judiciales: la Justicia para RICOS del Partido Popular

Las tasas judiciales que el Gobierno y el PP, en solitario, se han empeñado en sacar adelante en su desmelenado afán recaudatorio, no harán excepciones con colectivos especialmente maltratados por la crisis como los afectados por el escándalo de las participaciones preferentes de los bancos. Así, un jubilado que demande por la vía civil a un banco para recuperar unos ahorros de 100.000 euros, tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 para que se estudie su caso, dependiendo de si llega hasta el Tribunal Supremo o no.

Varios colegios provinciales de abogados, como el de Málaga, y el Consejo General de la Abogacía, han difundido las cuantías que supondrán para los maltrechos bolsillos de los ciudadanos las nuevas tasas, en supuestos especialmente escandalosos o, sencillamente, en pleitos muy comunes.

La nueva Ley, aprobada el pasado miércoles por el Senado de forma definitiva, y que se espera que se publique en el BOE esta semana, extiende a los ciudadanos particulares las tasas hasta ahora sólo previstas para empresas, y eleva exponencialmente sus cuantías. En la jurisdicción civil, las tasas van, en primera instancia, desde 150 a 300 euros; en segundo instancia, otros 800 euros; y si se recurre ante el Tribunal Supremo, habrá que desembolsar otros 1.200 euros. Todo ello aparte de los gastos de abogado y procurador.

En el caso de un afectado por las preferentes que reclamase por la vía civil al banco 100.000 euros, la tasa que tendrá que pagar al Estado a partir de esta semana será de 300 euros --juicio ordinario civil-- más 500 euros de tasa variable (0,5% de los 100.000 euros). Es decir, 800 euros, a los que tendrá que añadir otros 1.300 euros si presenta recurso de apelación por no estar conforme con la sentencia de primera instancia. Ya irían 2.100 euros.

El Colegio de Abogados de Málaga ha calculado otros ejemplos significativos de la incidencia de las nuevas tasas:

-- En el caso de un proceso monitorio civil en reclamación de 2.100 euros de cuotas de una comunidad de Propietarios, las tasas serían de 921 euros.

-- Separación o divorcio sin liquidación de sociedad de gananciales, las tasas en ambas instancias serán de 1.280 euros.

-- Cuando se discute sobre un inmueble, la cuantía procesal es el valor de ese inmueble a precio de mercado, por ejemplo si el valor son 300.000 euros, las tasas en ambas instancias 1ª y 2ª (Recurso), ascenderá a 4.100 euros, y si se recurriese ante el Tribunal Supremo, habría que añadir 2.700 euros.

En la justicia contencioso-administrativo, los abogados subrayan que la tasa sería claramente disuasoria, "con la inmediata consecuencia de impunidad del Estado", que, por su parte, no pagaría tasas.

El ministro Ruiz-Gallardón las defiende e incluso destaca que son una forma de solidaridad con las personas que, por sus escasos ingresos, tienen derecho a la justicia gratuita, ya que ésta se financiará con lo recaudado.

Más de un centenar de jueces y fiscales se han concentrado este viernes ante la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, para exigir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, expresar su rechazo a las tasas judiciales "desproporcionadas" aprobadas por el Gobierno y discrepar de la práctica totalidad de las reformas que afectan al colectivo propuestas por el departamento.

"¡¡Gallardón, dimisión¡¡", fue el lema más coreado por los manifestantes, que llevaban pancartas con eslóganes como "Tasas no", "RIP Justicia. Sin justicia no hay derechos", "Si no tienes dinero, no tienes derechos", "Queremos tutelar todos los derechos, no sólo los de quienes pueden pagarlos".

Pero el ministro Gallardón fue la estrella indiscutible de los cánticos de jueces y fiscales: "Más Constitución, menos Gallardón", y "Gallardón dimite, los jueces no te admiten", este último lema con la versión alternativa de "los fiscales no te admiten".

Los jueces y fiscales exigen la inmediata retirada del Proyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial, que creen que perjudica la calidad de la justicia, reclaman que se convoquen más plazas de jueces (un mínimo de 250) ante la "sobrecarga desmedida" de trabajo que soportan ahora y para equipararse a las cifras europeas, denuncian la "absoluta y lamentable" ausencia de medios en los juzgados y fiscalías, y solicitan retribuciones económicas adecuadas.

La Comisión Interasociativa, que hizo entrega en el Ministerio de este decálogo, evaluará la próxima semana las concentraciones realizadas este viernes en Madrid y el resto de provincias españolas, y estudiará nuevas medidas de presión, sin descartar la convocatoria de una huelga de uno o más días en el mes de diciembre, según dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.