PETICIÓN AL GOBIERNO

Excmo. Sr. Rodríguez Zapatero,
Queremos expresarle nuestra preocupación por la dejación de responsabilidades de las administraciones públicas en relación a la protección de los ciudadanos y del medio ambiente frente a los riesgos ocasionados por los contaminantes químicos.
Los estudios científicos realizados sobre la población y el medio ambiente en el territorio español muestran, entre otros hechos preocupantes, que:
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El 100% de la población española presenta concentraciones corporales de compuestos orgánicos persistentes (COP), sustancias sintéticas de toxicidad demostrada. Un estudio sobre las concentraciones corporales de 19 COP en la población general catalana detectó p,p’–DDE (principal metabolito del DDT, prohibido éste hace 30 años) en el 100% de las 919 personas analizadas. El 73% de la población almacena 10 o más de estos 19 contaminantes analizados. Un estudio de 16 contaminantes tóxicos persistentes en placentas de mujeres del sudeste español detectó residuos en todas las placentas, con una media de 8 plaguicidas por placenta y detectando compuestos como el DDE, DDT, endosulfán y lindano en más del 50% de las muestras. En un estudio realizado a chicas embarazadas en Tenerife se detectaron alguno de los 7 PCB y 18 plaguicidas clorados estudiados en el 67% de las muestras de líquido amniótico.
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Actualmente en España las enfermedades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas suponen una enorme carga social y humana. El cáncer, los problemas reproductivos (infertilidad, malformaciones, otras enfermedades reproductivas), las alteraciones hormonales (diabetes, problemas tiroideos), las enfermedades inmunológicas (dermatitis, alergias) y los problemas neurológicos (problemas de aprendizaje, hiperactividad, Alzheimer, Parkinson), entre otras enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas han alcanzado cifras sumamente preocupantes.
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Según la OMS, más del 40% de la carga global de enfermedad atribuible a factores medioambientales recae sobre los niños de menos de cinco años de edad (¡que sólo constituyen el 10% de la población mundial!). Por otra parte, en torno al 65% de las enfermedades infantiles tiene su origen en la contaminación y degradación del medio ambiente. Las alergias, el asma y las enfermedades respiratorias relacionadas con la calidad del aire han aumentado en España. Los síntomas relacionados con el asma durante la infancia y la adolescencia afectan alrededor del 10% de esa franja de población en España. El 84% de la población respira aire que supera los índices de protección a la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
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En España, un porcentaje importante (posiblemente más de la mitad) de los recién nacidos y de los niños pueden estar expuestos a concentraciones elevadas de mercurio, una sustancia potencialmente neurotóxica, según indican diversos estudios en población infantil española. Tal exposición prenatal está relacionada en buena parte con la ingesta de algunos tipos de pescado contaminado por parte de las gestantes. La contaminación de estos pescados se produciría principalmente por los vertidos de mercurio al mar o a los ríos y lagos por parte de actividades industriales, del ámbito sanitario y de la minería. La exposición prenatal a tóxicos está relacionada con el desarrollo de trastornos neuroconductuales en la niñez y podría tener relación con problemas neurológicos en la edad adulta.
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La exposición laboral a sustancias tóxicas produce cada año en España decenas de miles de enfermedades respiratorias, de la piel, del sistema nervioso o cardiovasculares, entre otras enfermedades laborales (8.550 casos de EPOC, 6.840 casos de dermatitis, 5.130 casos de asma laboral cada año). También según estimaciones, la incidencia del cáncer laboral en España sería de 2.933 a 13.587 casos nuevos cada año y la mortalidad por cáncer laboral supondría un mínimo de 1.833 y un máximo de 8.214 trabajadores.
A pesar de la gravedad de la situación, en los últimos años se ha producido un abandono sistemático de las pocas iniciativas políticas para prevenir y controlar los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y la salud de los trabajadores ocasionados por la exposición a sustancias químicas peligrosas.
Así, por ejemplo, el Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes está prácticamente abandonado desde su aprobación en 2007. No se ha ejecutado prácticamente ninguna de sus líneas de actuación, que incluían la realización de inventarios, campañas de sensibilización, vigilancia de salud pública y ambiental, sustitución de las sustancias en uso, etc.
También están abandonadas otras actividades de extrema relevancia, como la elaboración del Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, el inventario de dioxinas, el inventario de PCB, el control de sustancias prioritarias en aguas, etc., etc.
La realidad actual es que ninguna administración, ni central ni autonómica, cuenta con un diagnóstico general de la situación del riesgo químico que integre los diferentes campos de actuación (salud laboral, salud pública, medio ambiente, agricultura). Tampoco existen diagnósticos sectoriales del riesgo químico. Ninguna administración cuenta con una estrategia para prevenir el riesgo químico que defina objetivos y líneas de actuación concretas.
Por todo ello, la ausencia de políticas públicas vigorosas ante los riesgos químicos es escandalosa, e impropia de gobiernos que se reclaman defensores de la salud ambiental.
La situación es aún más compleja dada la inaceptable dispersión de competencias. El número de autoridades implicadas en la gestión del riesgo químico es deplorable; sólo a nivel central ocho Ministerios tienen competencias específicas en gestión y control del riesgo químico y existen centenares de Direcciones, Subdirecciones y servicios implicados. Cada administración tiene unas prioridades y criterios propios. La descoordinación vertical y horizontal son la norma. No existe ningún órgano ni red que coordine a los ministerios implicados en la gestión del riesgo
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químico. Todo esto conlleva un elevado grado de aislamiento y disgregación de las actuaciones y la ausencia de políticas integradoras.
Más que buscar una solución, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha frenado el intento de aunar las competencias a través de la creación de una Agencia de Sostenibilidad Química que se propuso en la anterior legislatura y que figuraba en el programa electoral del PSOE en las últimas elecciones generales. Nos encontramos de nuevo ante un abandono de los tímidos avances logrados hasta el momento en la gestión del riesgo químico en España.
A nivel autonómico la situación es la misma, como lamentablemente también lo es, en su ámbito de competencias, a nivel municipal.
Las Administraciones sólo desempeñan las más elementales y obligatorias tareas de los acuerdos y alineaciones vinculantes. Las propuestas de una gran cantidad de alineaciones internacionales no vinculantes, incluyendo la elaboración de planes, inventarios, monitorización de sustancias, etc., no se realizan. Apenas se hace, y de manera cuestionable, lo que es estrictamente obligatorio por ley. Aún así, se encuentran desbordadas para poder cumplir las tareas de vigilancia y control.
Esto no solo se refleja en el abandono de las actividades de prevención del riesgo químico a nivel estatal, sino en la falta de capacidad para contribuir a los debates sobre la gestión del riesgo químico a nivel europeo e internacional, y en especial en los foros claves para la elaboración de las políticas y normativas. De hecho, la Administración central ha dejado de ser el centro generador de iniciativas, programas y legislación, para convertirse en mero transmisor pasivo y burocrático de la normativa y programas elaborados en Europa. Pero las normas son papel mojado cuando no se cree en ellas, cuando detrás de ellas no hay valores ni responsabilidad política.
A pesar de la abrumadora falta de recursos humanos y económicos destinados a prevenir el riesgo químico, si existiera un impulso político, las administraciones podrían desarrollar una gran cantidad de actividades con proyección social que redundaría en un mayor conciencia cívica ambiental, en la dinamización de múltiples políticas públicas y privadas y, finalmente, en la reducción de la exposición humana y ambiental a contaminantes químicos.
La salud es un derecho fundamental que está siendo vulnerado. Está fracasando la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los graves efectos de la contaminación química.
La actual situación de crisis económica no sólo no es un argumento para abandonar la responsabilidad política de proteger la salud pública sino que ofrece una oportunidad histórica para impulsar políticas, programas, servicios y productos que protejan a la población y al medio ambiente del riesgo químico. Hay que atender al coste social y ambiental en términos de enfermedad, muertes, años de vida perdidos o limpieza ambiental que se puede reducir. También es necesario que la sociedad que resulte tras la crisis económica sea más sostenible y más humana.

3Exigimos pues que el gobierno central y todas las administraciones públicas del estado abandonen su actual pasividad y negligencia ante la contaminación química y pasen a impulsar los cambios políticos, económicos y culturales que este grave problema exige. Solicitamos, igualmente, ser convocados próximamente a un diálogo crítico y fructífero para desarrollar las cuestiones y propuestas esbozadas en este escrito.


Atentamente,
Javier Benayas
Presidente de Científicos por el Medio Ambiente (CIMA)
Llorenç Serrano
Secretario Confederal
de Medio Ambiente de CCOO
Mario Rodríguez
Director de Greenpeace
Junto a las siguientes organizaciones:
Amigos de la Tierra
Asociación Afigranca
Asociación "ANTENA NO – GETXO”
Asociación ALAS DE MARIPOSA –SQM
Asociación de Afectad@s Químicos y Ambientales (AQUA)
Asociación de afectados de FM,SFC,SQM,otras enfermedades medioambientales y para la defensa de la salud y el medioambiente (ALTEA)
Asociación Estatal de Afectados por los Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud Ambiental (ASQUIFYDE)
Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA)
Asociación Iniciative Ningú més Danyat per Irradiació d'Antenes (INDIA)
Asociación Madrileña de Salud Pública
Asociacion Nacional de Afectados por Dimetilfumarato (ANDAFED)
Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo (Plural-21)
Asociación para la atención de Enfermedades Ambientales de Andalucía
CENTRE D'ANÀLISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)
CECU - Confederación de Consumidores y Usuarios
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA)
Científicos por el Medio Ambiente (CiMA)
Comisiones Obreras
Comité Nacional para el Reconocimiento del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple
Dempeus per la Salut Pública
Ecologistas en Acción
Federació d'Ecologistes de Catalunya (EdC)
Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC)
Fundación Alborada
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
Fundación para la Salud Geoambiental
Fundación Vivo Sano
Grupo de Ornitología Balear (GOB)
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Liga SFC (Síndrome de la Fatiga Crónica)
MERCURIADOS
Plataforma FM, SFC, SSQM Reivindicación de derechos Asociación nacional
Sociedad Española de Epidemiología
Sociedad Española de Ornitología (SEO)
Unión General de Trabajadores (UGT)
World Association for Cancer Research (WACR)
World Wildlife Foundation