Asturias aprueba casi mil casos de dependencia en 25 días para cobrar más ayudas estatales
Bienestar presentará al ministerio cerca de 13.000 beneficiarios de la ley y baja a 3.840 el colectivo sin servicio pese a tener derecho
29.06.10 - 02:39 - CHELO TUYA | OVIEDO.
Los representantes de la Fampa, Cermi, CC OO, Fade y UGT ayer, en la Comisión de Bienestar de la Junta.
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Los usuarios exigen que se controle a los familiares a sueldo como cuidadores 993 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia en 25 días. Casi 40 expedientes aprobados al día. El próximo 1 de julio, el Principado presentará al Ministerio de Sanidad y Política Social cerca de 13.000 expedientes de otros tantos asturianos que ya reciben algún servicio o prestación con cargo a la norma. Lo hará para que el Gobierno central le pague su parte, el 50% del gasto que supone su atención. Lo curioso es que, hace sólo 25 días, la cifra no llegaba a 12.000, puesto que los asturianos beneficiarios reales eran, a día 1 de junio, sólo 11.874 con lo que, según los expertos, Asturias perdería financiación. Hasta un millón de euros menos.
Porque como ya adelantó EL COMERCIO, el ministerio que dirige Trinidad Jiménez ha cambiado las reglas de juego y, desde el próximo 1 de julio, pagará a las comunidades en relación al volumen real de beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Es decir, no valdrá sólo con certificar cuántos dependientes hay en cada comunidad, sino demostrar que cada uno de ellos ya está recibiendo un servicio (residencia, ayuda a domicilio, centro de día, teleasistencia...) o una prestación (para pagarse un servicio o para que le cuide un familiar).
Por ello, en Bienestar han duplicado esfuerzos este mes y han llegado a la cifra récord de casi 13.000 asturianos con derecho. Un esfuerzo sin precedentes ya que, hasta ahora, en el mes más prolífico en firma de Planes Individual de Atención (PIAs) se había llegado a los 700. Otros dígitos nunca vistos hasta ahora son los que conforman el colectivo de asturianos con derecho a beneficiarse de la ley, pero que aún están a la espera de firmar su PIA. A fecha 25 de junio, eran, por primera vez, menos de 4.000. Un total de 3.840 están pendientes de esa firma, lo que supone 361 casos menos desde el 1 de junio.
Lenta aplicación Los datos fueron facilitados ayer por el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, que acompañó a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, en una multitudinaria comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Junta General del Principado. Frente a los parlamentarios pasaron, además de los dos políticos de IU ya mencionados, los representantes de servicios sociales de los sindicatos UGT, CC OO, CSI y CSIF, así como la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Mónica Oviedo, y de la Federación de Mayores (Fampa), Dolores San Martín.
Todos coincidieron en valorar la puesta en marcha de la ley, pero lamentaron «la lentitud en su desarrollo», ya que, como explicó Ignacio Quintana, de CC OO, «no es de recibo que en el siglo XXI haya demoradas de año y medio en tramitar una resolución». Para los sindicatos, el problema estriba «en la falta de personal», algo de lo que acusaron, directamente, a la Consejería de Administraciones Pública «por su inadecuada gestión del personal», explicó Quintana.
Polémica comparecencia Y ahí surgió la polémica de la cita, ya que a la comparecencia también asistieron, ademas de los directores generales de Mayores, Alejandro Suárez, y de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Faustino Álvarez; los del Servicio Público de Empleo, José Luis Álvarez, y el de Función Pública, Daniel Álvarez.
Sin embargo, debido al estricto control de tiempo marcado por la presidenta de la comisión -la socialista Servanda García-, todos ellos se quedaron sin hablar, lo que provocó el enfado de diputada del PP Inmaculada González, quien aseguró que «el PSOE está ninguneando a IU ralentizando la ley y no dejando que hoy, hable el director general de Función Pública». No obstante, la consejera aseguró que, «seguiré dando la batalla», para lograr «empleo suficiente y, sobre todo, estable», porque reconoció que «estamos desbordados, con casi 900 expedientes nuevos cada mes».
Mientras ella hablaba, Daniel Álvarez escuchaba impasible las críticas a su departamento, del que Ana Rodríguez, la portavoz del CSIF, llegó a decir que «están bombardeando la ley». La presidenta de la comisión no le dejó replicar.
FUENTE:elcomerciodigital.com
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Lun Jun 28, 2010 9:18 pm
